Aún no se formalizó la imputación pero se cree que el principal sospechoso obtuvo ayuda de sus colegas para captas decenas de personas.
Este jueves por la mañana, hubo allanamientos en cuatro barrios de la ciudad y en Cerrillos en el marco de una causa caratulada como estafa en perjuicio de 122 agentes del Servicio Penitenciario. Las denuncias apuntan a un funcionario del área que desde tiempo de la pandemia convencía a sus colegas para que inviertan en una financiera. La maniobra terminó con el apoderamiento de miles de millones de pesos que no fueron devueltos.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio es quien lleva adelante la investigación y fue quien solicitó un total de siete allanamientos repartidos en los barrios Centro, Democracia, Divino Niño y Primera Junta. Además dos domicilios de Cerrillos también fueron allanados y como resultado se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación de interés para la causa y la suma en efectivo de más de 1 millón de pesos. Además se inmovilizaron 15 cuentas bancarias.
Salinas Odorisio investiga distintas denuncias formuladas contra un cabo primero del Servicio Penitenciario, presentadas mayormente por integrantes de fuerzas de seguridad. De acuerdo con los relatos, el acusado les habría ofrecido un “sistema” de inversiones. El esquema se presentaba como un círculo cerrado y confidencial, sin monto mínimo de ingreso, con promesas de intereses mensuales que oscilarían entre el 10% y el 15%, y con posibilidad de realizar retiros parciales del capital.
Una de las denunciantes, también agente penitenciaria, señaló haber entregado $7.000.000 y haber percibido durante los meses de junio y julio rendimientos del 15%, hasta que en agosto el denunciado habría dejado de cumplir con los pagos, alegando problemas financieros, para luego interrumpir toda comunicación. Otra mujer, personal de seguridad de la Alcaidía General de la Ciudad, manifestó haber entregado $1.000.000 en agosto sin haber obtenido ganancias ni respuestas. En tanto, una tercera agente del Servicio Penitenciario denunció haber aportado más de $24.000.000, tras lo cual su compañero habría dejado de responder sus mensajes.
A partir del análisis de extractos bancarios y del entrecruzamiento de datos, los investigadores de UDEC detectaron 409 operaciones concentradas en solo tres cuentas virtuales del investigado —Mercado Pago, Ualá y Naranja X—, aunque el circuito total habría involucrado al menos 22 cuentas. El volumen de dinero movilizado superaría los $2.702.170.181. Asimismo, se identificó que al menos 122 efectivos del Servicio Penitenciario habrían realizado transacciones con el denunciado, además de personas empadronadas como visitas, ex internos y terceros ajenos a la institución.
En ese contexto, se detectó también el envío de más de $120 millones a la firma Cocos Capital SA, maniobra que simularía inversiones reales y a otorgar apariencia de legalidad al circuito financiero investigado. La investigación permitió además establecer que el denunciado no habría actuado de manera aislada. La evidencia reunida indicaría la existencia de una estructura interna, con funcionarios que habrían cumplido roles activos como puntos de captación y canalización de fondos de terceros. Entre los casos analizados se destaca el de una funcionaria penitenciaria (última denunciante), cuyo perfil económico y crediticio resultaría incompatible con las más de 94 transferencias realizadas al acusado por un monto superior a los $118 millones. Sus ingresos declarados, su historial crediticio y su capacidad financiera comprometida tornarían improbable que esos fondos provinieran de capital propio, por lo que se investiga si habría actuado como canalizadora de dinero de otros damnificados, con un rol relevante en la operatoria.
Para la fiscal la maniobra respondería a una estructura de tres niveles: el denunciado, vinculado a áreas administrativas del Servicio Penitenciario, como organizador del esquema; un grupo reducido de funcionarios que habrían actuado como captadores y consolidadores de fondos, aprovechando el vínculo laboral y la confianza entre pares; y una base amplia de aportantes integrada por más de un centenar de efectivos penitenciarios. Además, consideró que el desarrollo de la maniobra dentro del propio ámbito institucional agravaría la situación investigada, al implicar un eventual abuso del cargo y de la confianza depositada entre compañeros de trabajo.
