La Patagonia este año, vuelve a arder. Y con ella, arde algo más profundo que bosques milenarios, viviendas o reservas naturales: se quema la capacidad de prevención, de respuesta y, sobre todo, de aprendizaje como sociedad, tras los incendios ya vividos
Los incendios forestales que azotan a distintas provincias patagónicas no son un fenómeno nuevo ni inesperado. Año tras año, las altas temperaturas, la sequía prolongada y los vientos intensos crean el escenario perfecto para el desastre. Pero lo gravísimo —y alarmante— es que estos eventos ocurren en un contexto de retroceso presupuestario en las políticas públicas destinadas justamente a prevenir y combatir el fuego.
Los recursos del Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF) —el organismo central del Plan Nacional del Manejo del Fuego— no sólo se quedaron cortos: han sido recortados de manera drástica en términos reales en los últimos años. En 2024, el SFMF ejecutó apenas alrededor del 22 % de los fondos asignados, una subejecución alarmante que refleja no solo desfinanciamiento sino también falta de planificación en un contexto de emergencia climática y social.
El análisis del Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso revela una caída real de más del 70 % en los fondos destinados al combate y prevención de incendios respecto de 2025, situando la partida en niveles sustancialmente menores que los de 2023. De manera aún más contundente, diversos informes apuntan a que, en términos comparativos, el presupuesto del SNMF para este año es entre un 68 % y un 80 % inferior al de años recientes, debilitando capacidades clave como vuelos de detección y ataque aéreo, sistemas de alerta temprana e inversión en equipamiento y capacitación.
Detrás de cada hectárea quemada hay ecosistemas únicos que tardarán décadas —si es que logran— recuperarse. Hay comunidades enteras que pierden su hogar, su trabajo y su tranquilidad. Y hay también hombres y mujeres, brigadistas y bomberos, que arriesgan su vida en condiciones extremas, muchas veces con menos recursos, menos horas de vuelo y menor respaldo estatal del que este trabajo requiere.
No puede ignorarse que estas decisiones presupuestarias —que implican una reducción significativa de la capacidad operativa del Plan Nacional del Manejo del Fuego— ocurren justo cuando el riesgo climático y ambiental exige más prevención, mejores sistemas de alerta temprana y mayor inversión en capacidades de respuesta rápida. En vez de ello, vemos que los fondos se reducen y, en muchos casos, incluso no son ejecutados en su totalidad.
El fuego no distingue jurisdicciones ni banderas políticas. Por eso, la discusión no puede reducirse a responsabilidades parciales o coyunturales. La emergencia exige políticas de Estado: una política presupuestaria coherente con la realidad climática del país, inversión sostenida en prevención, educación ambiental, sanciones ejemplares para quienes provocan incendios y recursos suficientes para brigadistas y bomberos en todo el territorio.
La Patagonia no puede seguir siendo noticia solo cuando arde. Defenderla es una obligación colectiva, no un gesto simbólico. Cada incendio que no se evita es una advertencia ignorada. Y cada advertencia desoída nos acerca un poco más a un daño que ya no tendrá marcha atrás.
Cuidar la Patagonia es cuidar el futuro. El tiempo de actuar es ahora, antes de que el humo vuelva a taparnos la vista… y la conciencia.
