Cuando el fuego devoró el histórico Mercado San Miguel en la madrugada del 6 de noviembre de 2024, no sólo ardieron puestos, mercaderías y años de trabajo de cientos de familias. También ardió algo más profundo: la evidencia de años de desidia, controles débiles y responsabilidades que nadie quiere asumir.
El mercado, corazón comercial popular de la ciudad de Salta, funcionaba desde hace años con instalaciones eléctricas precarias, conexiones improvisadas y un sistema de prevención de incendios claramente insuficiente para un lugar que concentraba cientos de locales y miles de personas por día.
No hacía falta que ocurriera una tragedia para advertirlo.
Los comerciantes lo sabían.
Los trabajadores lo sabían.
Y seguramente también lo sabían quienes tenían la responsabilidad de administrar y controlar el lugar.
La administración del mercado, encabezada por José Muratore, tenía la obligación de garantizar condiciones mínimas de seguridad: revisar instalaciones, ordenar el crecimiento de los puestos, actualizar sistemas contra incendios y asegurar que el edificio estuviera a la altura del riesgo que implicaba su actividad.
Sin embargo, el mercado fue creciendo de manera desordenada, con cableados sobrecargados, pasillos saturados y estructuras agregadas con el paso del tiempo. Una bomba de tiempo silenciosa que finalmente explotó.
Pero la responsabilidad no termina allí.
El edificio pertenece al municipio y, por lo tanto, el control público también debía existir. Las habilitaciones, las inspecciones y las normas de seguridad no pueden ser una formalidad burocrática cuando están en juego vidas humanas y el sustento de cientos de familias.
El incendio dejó al descubierto una verdad incómoda: cuando el Estado controla poco y la administración invierte poco, el riesgo se multiplica.
Hoy más de doscientas familias comerciantes siguen tratando de reconstruir lo perdido. Puestos destruidos, mercadería reducida a cenizas y años de esfuerzo que desaparecieron en pocas horas.
La pregunta que queda flotando es inevitable:
¿Fue un accidente inevitable o la consecuencia previsible de años de negligencia?
Porque cuando las alarmas no existen, cuando los sistemas de prevención son insuficientes y cuando las instalaciones se deterioran sin controles rigurosos, el incendio no es una sorpresa: es simplemente el desenlace de una cadena de irresponsabilidades.
El Mercado San Miguel puede reconstruirse.
Los puestos pueden volver a abrir.
Pero la verdadera deuda sigue siendo otra: saber quién se hace cargo de lo que pasó y garantizar que nunca más vuelva a repetirse.
