La etapa de investigación de la Fiscalía Penal 2 de Metán terminó y se solicitó que la causa sea elevada a juicio contra un hombre que trabajaba para el municipio hace 10 años.
Este jueves se solicitó que la causa contra un empelado municipal de Metán por fraude sea elevada a juicio. La situación fue detectada en noviembre de 2025 por una Secretaria Letrada del Tribunal de Faltas, quien puso las irregularidades en conocimiento del juez de Faltas. Luego de una investigación, el fiscal penal 2, Gonzalo Gómez Amado, requirió juicio contra Francisco Oscar Castillo, de 62 años, acusado como autor de los delitos de fraude y administración fraudulenta, en concurso ideal.
Según las actuaciones, una Secretaria Letrada del organismo, ante la ausencia del encargado de la Caja Receptora, intentó emitir un recibo por el cobro de una multa y advirtió diversas irregularidades, entre ellas documentación faltante, talonarios duplicados y recibos cuya numeración no coincidía con la secuencia oficial utilizada para la cobranza. El acusado se desempeñaba desde hacía aproximadamente diez años como encargado de la Caja Receptora de ese organismo municipal.
La revisión administrativa permitió detectar, de manera preliminar, la presunta utilización de talonarios duplicados —conocidos como «recibos mellizos»—, diferencias entre las rendiciones efectuadas y la documentación respaldatoria, numeraciones ajenas a los registros oficiales y faltante de documentación. Durante un allanamiento realizado en el domicilio del imputado se secuestraron talonarios pertenecientes al Tribunal de Faltas, documentación relacionada con rendiciones de cuentas y un teléfono celular, elementos que fueron incorporados a la causa.
La auditoría interna permitió identificar numerosos casos en los que un mismo número de recibo aparecía asociado a distintos expedientes y contribuyentes, así como recibos con numeración ajena a la secuencia oficial del organismo. De acuerdo con la hipótesis fiscal, estas maniobras habrían permitido la apropiación indebida de fondos provenientes del pago de multas, ocasionando un perjuicio patrimonial a la administración municipal.
