Las iniciativas van desde topes a los costos de los créditos hasta mecanismos para renegociar obligaciones y mayores controles sobre billeteras virtuales.
Mientras el presidente Javier Milei descartó tomar medidas contra el endeudamiento y la morosidad, por considerar que se trata de un «problema entre privados», distintos bloques de la oposición acumularon más de 30 proyectos en el Congreso para regular el acceso al crédito, limitar prácticas abusivas y establecer mecanismos de asistencia para las personas sobreendeudadas.
El tema llegará al recinto de Diputados este miércoles. Los bloques no oficialistas buscarán emplazar a las comisiones a las que fueron giradas las iniciativas, en un intento por poner en marcha una discusión que hasta ahora no logró avanzar por la resistencia de La Libertad Avanza y sus aliados.
En principio, los impulsores admiten que será difícil alcanzar la mayoría especial necesaria para incorporar el tema por fuera del temario de la sesión. La votación servirá, de todos modos, para medir el respaldo que tienen las propuestas entre los bloques provinciales y los aliados del Gobierno.
Más de 30 proyectos por el endeudamiento de las familias
La cantidad de iniciativas creció a medida que el deterioro de la situación crediticia ganó espacio en la agenda pública. Una primera revisión de los bloques opositores había contabilizado 28 proyectos, aunque luego el número escaló a 34 y podría seguir aumentando.
Las propuestas tienen alcances diferentes, pero coinciden en mayores controles sobre billeteras virtuales y prestamistas no bancarios, límites a tasas y costos financieros, obligaciones de informar las condiciones de los créditos y mecanismos para reestructurar las deudas de quienes ya no pueden afrontar los pagos.
Uno de los proyectos pertenece al radical Pablo Juliano, quien plantea crear un procedimiento judicial de rehabilitación financiera destinado a personas en situación de insolvencia o sobreendeudamiento estructural.
La iniciativa también obligaría a los proveedores de crédito a informar de manera clara las tasas, el costo financiero total y las comisiones, además de evaluar la capacidad de pago antes de otorgar financiamiento. A la vez, busca prohibir mecanismos de cobranza como el hostigamiento, las intimidaciones o el contacto con terceros para presionar al deudor.
Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley propone crear una plataforma digital administrada por la ANSES para conectar a acreedores y deudores y facilitar la reestructuración de obligaciones. El organismo determinaría la capacidad de pago de cada persona, que no podría superar el 33% de sus ingresos.
El socialista Esteban Paulón presentó cuatro iniciativas vinculadas al problema. Una de ellas apunta a modificar la Ley de Concursos y Quiebras para ampliar las herramientas judiciales ante situaciones de sobreendeudamiento, incluyendo la posibilidad de reducir o eliminar intereses y disponer la nulidad parcial de determinados créditos.
La oposición también intentará sumar a legisladores de fuerzas provinciales, especialmente de distritos cuyos gobiernos comenzaron a implementar medidas propias frente al aumento de las deudas de los hogares.
Milei rechazó intervenir y habló de un «problema entre privados»
El Presidente sostuvo que «no hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está pasando» y defendió la responsabilidad individual de quienes tomaron los créditos.
En una de sus intervenciones sobre el tema incluso vinculó parte del endeudamiento con compras realizadas antes del Mundial. «¿Ustedes creen que los que hicieron eso no sabían lo que estaban haciendo?», planteó.
La postura presidencial generó cuestionamientos de sectores opositores y gobernadores. Uno de los cruces más fuertes llegó desde la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof presentó medidas para abordar el endeudamiento dentro de las competencias provinciales y reclamó una respuesta del Estado nacional.
«Quien se endeuda lo hace para pagar alimentos, medicamentos, el alquiler. En sentido figurado sí hay una pistola en la cabeza», sostuvo Kicillof, que calificó la posición de Milei de «cínica» y reclamó una política nacional debido a las atribuciones regulatorias sobre buena parte del sistema crediticio.
Desde la oposición también apuntan contra los cambios introducidos por el DNU 70/2023, que derogó disposiciones de la Ley 25.065 vinculadas a los límites sobre intereses y tasas aplicadas a las tarjetas de crédito.
La discusión también llegó a La Rioja, donde el gobernador Ricardo Quintela firmó un decreto para crear un régimen provincial de protección de usuarios de créditos de consumo destinado a «limitar prácticas abusivas y fortalecer los controles». Desde su administración aclararon que la iniciativa no busca desconocer las obligaciones contraídas, sino intervenir ante condiciones consideradas abusivas o desproporcionadas.
