En septiembre se reiniciarían las obras para terminar 1.927 casas y departamentos. So 1.136 viviendas en la capital salteña y otras 791 en localidades del interior.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) trabaja en los detalles finos del sistema de ahorro previo que se implementará en Salta este mes. En barrios de la capital y localidades del interior hay cerca de 2.000 departamentos y viviendas en construcción que tienen los trabajos paralizados desde fines de 2023, cuando el gobierno nacional cortó el envío de fondos específicos.
Semanas atrás el Gobierno de Salta suscribió con organismos nacionales una serie de acuerdos a partir de los cuales 65 de 118 obras discontinuadas en distintos departamentos y municipios se reactivarán con fondos provinciales. Por su parte, la administración nacional se comprometió a retomar el financiamiento de importantes proyectos de infraestructura que llevan meses de paralización.
En referencia puntual a los compromisos que se suscribieron con la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación, el ministro de Infraestructura de la Provincia, Sergio Camacho, adelantó que en dos semanas será lanzado el sistema de ahorro previo que, con alternativas ajustadas al nivel de ingresos de familias sin techo propio, se complementará con otros canales de financiamiento del IPV.
En declaraciones a Radio Salta, el funcionario precisó el pasado viernes que, en principio, se apuntará a «finalizar lo antes posible 1.136 viviendas en la capital y otras 791 en el interior», cuya construcción se vio interrumpida por el corte de transferencias nacionales «con un promedio de avance en las obras que superaban el 63%».
Camacho remarcó que el objetivo prioritario «es tener todas las obras de viviendas reiniciadas en septiembre» a través de un acuerdo con cámaras empresarias y con el sistema de ahorro previo ya habilitado en el IPV.
El ministro recordó que las obras terminaron paralizadas y con certificaciones de trabajos que quedaron impagos en diciembre, mes desde el que se acumularon índices inflacionarios por los que contratistas reclaman las correspondientes redeterminaciones de precios. A cargo de esas evaluaciones está la Unidad Central de Contrataciones, organismo que funciona en la órbita del Ministerio de Economía.
