La Cámara de Diputados de Salta convirtió en ley la reforma de la Carta Municipal de la Capital, al aprobar las 18 modificaciones introducidas por el Senado al texto sancionado por la Convención Constituyente. La decisión cerró el trámite legislativo de la primera actualización de la norma en casi cuatro décadas, aunque dejó abierta la controversia política sobre los límites de la intervención provincial en la autonomía municipal.
La sanción se produjo durante la sesión del martes 17 de noviembre, cuando el oficialismo hizo valer su mayoría para respaldar los cambios realizados por la Cámara Alta. De esta manera, la modificación de la Ley Provincial 6534 quedó en condiciones de ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
El texto original había sido aprobado el 30 de mayo por una Convención Municipal con mayoría de representantes de La Libertad Avanza. Sin embargo, durante el proceso de compatibilización constitucional, el Senado modificó disposiciones vinculadas con el funcionamiento institucional, los mecanismos de control del gasto público y las condiciones para acceder a determinados cargos.
Entre los cambios más cuestionados se encuentran la eliminación del requisito de estudios secundarios completos para ser concejal, la supresión del límite de empleados municipales equivalente al 1% de la población y la decisión de mantener el régimen vigente de designación de jueces de faltas, en lugar de incorporar el sistema de concursos públicos impulsado por los convencionales.
También generaron controversia las modificaciones a las herramientas de fiscalización, particularmente la eliminación del control concomitante sobre las cuentas municipales, que permitía supervisar la ejecución de los recursos públicos mientras se realizaban las operaciones. A ello se sumaron los cuestionamientos por la supresión de disposiciones relacionadas con el uso de la imagen institucional y las restricciones a la publicidad oficial.
El oficialismo defendió la revisión del Senado
La diputada Frida Fonseca, miembro informante de la Comisión de Legislación General, defendió las modificaciones y sostuvo que la intervención legislativa respondió a la necesidad de garantizar la compatibilidad de la Carta Municipal con las constituciones provincial y nacional.
La legisladora argumentó que algunas disposiciones aprobadas por la Convención excedían sus facultades y que otras debían quedar sujetas a reglamentaciones mediante ordenanzas. En particular, justificó la eliminación del límite de empleados municipales por considerar que las necesidades de personal pueden variar según las condiciones económicas y los servicios que presta la comuna.
Fonseca también destacó que la reforma incorpora derechos vinculados con las personas con discapacidad, el bienestar animal, el reconocimiento a los veteranos de Malvinas y el fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo.
La oposición denunció un avance sobre la autonomía municipal
Desde La Libertad Avanza, el diputado Franco Lastra calificó la intervención legislativa como un “avasallamiento total” y cuestionó que se modificaran decisiones adoptadas por una Convención elegida mediante el voto popular.
Su compañero de bancada Eduardo Virgili apuntó contra la eliminación del control concomitante y sostuvo que los cambios favorecen la conservación de privilegios políticos. En tanto, Emilia Domínguez advirtió que la facultad de compatibilización constitucional no habilita a la Legislatura a sustituir las decisiones de los convencionales.
Las críticas también alcanzaron al funcionamiento de los organismos de control. José Gauffín, del bloque Independencia, cuestionó las limitaciones del Tribunal de Cuentas municipal y de la Defensoría del Pueblo. Además, advirtió sobre la falta de auditoría de fondos provinciales transferidos a la Municipalidad mediante convenios.
“Los artículos que quitaron en el Senado son los mismos que habían intentado quitar en el Concejo Deliberante”, sostuvo el legislador, al vincular las modificaciones con discusiones anteriores al funcionamiento de la Convención.
Por su parte, Guillermo Durand Cornejo, del bloque Conservador, cuestionó las mayorías legislativas y consideró que la intervención sobre la Carta Municipal forma parte de un esquema de concentración del poder institucional en la provincia.
Una posición particular fue la del oficialista Luis Mendaña, quien, pese a respaldar el procedimiento legislativo, cuestionó la falta de controles de la Auditoría General de la Provincia sobre la Municipalidad capitalina. El diputado reclamó que la Capital esté sometida a las mismas exigencias de rendición de cuentas que los municipios del interior.
La aprobación contó también con el acompañamiento de Juan Pablo Cuéllar, Mónica Juárez, Laura Cartuccia y Griselda Galleguillos, entre otros legisladores.
Con la sanción definitiva, Salta quedó a un paso de contar con una Carta Municipal actualizada. Sin embargo, el proceso que comenzó con la elección de convencionales y continuó con las modificaciones del Senado terminó exponiendo profundas diferencias sobre la autonomía municipal, el alcance del control legislativo y los mecanismos de transparencia que regirán la administración de la ciudad.





