La Justicia impidió al Gobierno avanzar con los despidos masivos en la ex-AFIP, ahora ARCA, mientras el gremio denuncia que pese precarización laboral, estigmatización y falta de negociación paritaria continuarán trabajando para que los retiros voluntarios propuestos sean “voluntarios” y no “coercitivos”
El anuncio del Gobierno Nacional sobre la desvinculación de 3.155 agentes de la ex-AFIP, hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), recibió un freno temporal tras un fallo de la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La medida cautelar ordena al Poder Ejecutivo Nacional y a la ARCA abstenerse de adoptar cualquier acción que atente contra la estabilidad laboral de los trabajadores, un pedido presentado por los gremios Aefip y Supara.
Ramiro García Salado, secretario general del Noroeste del Sindicato de Empleados de la AFIP, celebró el fallo pero advirtió sobre las graves condiciones laborales y la incertidumbre que enfrentan los empleados.
“Esta medida judicial pone un freno a una acción injusta que violaba la estabilidad laboral consagrada por la Constitución y el convenio colectivo”, declaró García Salado, quien calificó el anuncio como un “baldazo de agua fría”, ya que ni la dirigencia gremial ni los propios funcionarios de ARCA tenían conocimiento previo. Además, denunció que el Gobierno buscó justificar las cesantías aludiendo a ingresos realizados en gestiones anteriores, calificando la acción como una discriminación política.
Según el dirigente, el anuncio también estuvo acompañado de una propuesta de retiro voluntario dirigida a empleados mayores de 58 años, medida que describió como “coactiva” debido al temor generalizado generado entre los trabajadores. “El retiro apunta a los empleados más capacitados y experimentados, afectando la capacidad operativa del organismo,” señaló García Salado.
El fallo judicial también llega en un contexto de crecientes tensiones laborales. Desde 2022, los empleados de la ex-AFIP no reciben actualizaciones salariales, lo que, combinado con la reducción del fondo de jerarquización, ha llevado a un deterioro significativo de los ingresos. “Nuestro sueldo básico está completamente desactualizado y la parte variable sigue decreciendo, agravando nuestra situación económica,” destacó el gremialista.
Además, denunció la estigmatización pública del personal de ARCA, que fue acusado de percibir sueldos exorbitantes y de perseguir contribuyentes. “Estas acusaciones nos afectaron profundamente a nivel laboral y personal, generando tensiones incluso en nuestras relaciones familiares,” explicó.
El fallo, aunque representa una victoria parcial para los trabajadores, no resuelve el conflicto de fondo. García Salado reafirmó la necesidad de organización y movilización para garantizar los derechos laborales y contrarrestar la precarización. “Seguiremos luchando para defender la estabilidad de los trabajadores y lograr condiciones laborales dignas,” concluyó.
Mientras tanto, el futuro de los empleados de la ex-AFIP sigue siendo incierto, con un Gobierno decidido a avanzar en la reestructuración del organismo y gremios firmes en su defensa de la estabilidad laboral. La medida cautelar sienta un precedente importante, pero el desenlace final dependerá de próximas negociaciones y resoluciones judiciales.
