El Gobierno Nacional comunicó en la Conferencia de Prensa la baja de las pensiones que no cumplían con los requisitos establecidos de manera efectiva.El Gobierno nacional confirmó la baja de más de 110 mil Pensiones No Contributivas (PNC) o Pensiones por Invalidez, en el marco de una revisión integral realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, que sostuvo que la decisión responde a la detección de múltiples irregularidades en la asignación de estos beneficios durante gestiones anteriores.
La baja masiva de pensiones responde a una auditoría iniciada por ANDIS, que detectó casos de fraude, documentación duplicada y falta de cumplimiento de requisitos básicos para acceder a la pensión.
En varias provincias, como Tucumán y Chaco, se encontraron múltiples solicitudes con los mismos estudios médicos, como radiografías o ecocardiogramas, utilizados de forma repetida en diferentes expedientes.
El Gobierno informó que el 60 % de los beneficiarios no asistieron a las auditorías médicas convocadas para verificar su situación, lo cual también fue motivo de suspensión. Estas revisiones son realizadas por profesionales del PAMI y personal de la Agencia Nacional de Discapacidad.
¿Qué pasará con los beneficiarios que fueron suspendidos?
Las pensiones suspendidas no son necesariamente definitivas. Las autoridades explicaron que quienes no se presentaron a la auditoría aún pueden regularizar su situación si acreditan la documentación requerida. De lo contrario, la suspensión se convertirá en una baja permanente.
Desde el Gobierno, aseguran que esta medida apunta a garantizar que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente los necesitan, en un contexto económico donde se busca mejorar la eficiencia del gasto público.
¿A cuántas personas afecta la decisión y cuál es el impacto económico?
En total, se dieron de baja 110.522 pensiones irregulares, a las que se suman 8.107 pensiones correspondientes a personas fallecidas y 10.038 de beneficiarios que renunciaron al cobro.
Esto representa una reducción significativa del padrón de pensiones no contributivas, que había crecido exponencialmente en las últimas décadas, de 79.000 en 2003 a más de 1.220.000 en 2023. Según estimaciones oficiales, el ahorro mensual por estas bajas asciende a 35 mil millones de pesos.
Según ANDIS, el objetivo es asegurar la equidad y la transparencia en el sistema de asistencia estatal, y priorizar a quienes realmente necesitan el acompañamiento del Estado.
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