En medio de una crisis de incendios forestales y fuertes vientos zonda, los bomberos voluntarios de Salta se encuentran en una situación desesperante. A pesar de que la Ley Nº 8354, promulgada en noviembre de 2022, garantiza un subsidio para cubrir los costos de transporte, estos héroes anónimos deben asumir el gasto de su movilidad para responder a emergencias, como las ocurridas en el asentamiento 20 de Junio.
Walter Chávez, jefe del cuartel «Martín Miguel de Güemes», expresó su frustración ante la falta de cumplimiento de esta ley. «Han pasado casi tres años desde su promulgación y, a pesar de nuestros constantes reclamos, el gobierno no ha priorizado nuestra situación», afirmó. La ley debería facilitar a los bomberos el acceso a su lugar de trabajo, pero actualmente se ven obligados a sacar de su bolsillo para llegar a las guardias.
Este escenario es inaceptable para quienes arriesgan su vida por la comunidad en condiciones adversas. La falta de aplicación de la ley no solo es un descuido administrativo, sino que refleja una grave falta de prioridad por parte del gobierno, encabezado por el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur. Mientras el Estado destina recursos para otros fines, los bomberos continúan luchando sin el apoyo que merecen.
El subsidio de transporte es un acto de justicia hacia quienes ponen en riesgo su vida por el bienestar de la comunidad. La situación se vuelve cada vez más crítica a medida que los incendios se intensifican, y la necesidad de una solución inmediata es urgente.
