Una organización criminal que operaba desde una finca privada en la frontera entre Salta y Bolivia fue desbaratada por la Justicia Federal.El negocio ilegal, según cálculos oficiales, generaba más de $3,7 millones diarios a través del paso de mercadería de contrabando, con un esquema aceitado de cobros ilegales por vehículo, bulto y puestos comerciales.
El lugar, conocido como finca “Karina”, funcionaba como una verdadera aduana paralela: cobraban $2.000 por cada auto que cruzaba, $1.000 por bulto y hasta $20.000 por día por los puestos de venta dentro del predio. Con un promedio de 300 vehículos por jornada, la suma anual estimada alcanzaría los $2.975 millones en movimiento ilegal de mercadería.
El operativo fue ordenado por la jueza Ivana Hernández y coordinado por el fiscal federal de Orán, Marcos Romero. Hubo 11 imputados y detenidos, entre ellos una agente de la Policía de Salta, María Laura Tintilay, quien participaba del esquema de recaudación en los puntos de cobro.
La finca, ubicada a orillas del río Bermejo, operaba a plena luz del día. Las imágenes captadas por drones mostraron un incesante flujo de vehículos. Los gomones cruzaban hacia Bolivia no solo mercadería, sino incluso camionetas robadas.
Entre los imputados están los hermanos Cardozo y Salazar, acusados de organizar y administrar el paso clandestino. Gladis Salazar, actual titular de la finca, figura como compradora de la propiedad por $20 millones en febrero pasado, aunque no tiene cómo justificar ese patrimonio.
La justicia ordenó la clausura del predio y el establecimiento de una consigna permanente de Gendarmería Nacional para evitar la continuidad del delito. Las defensas no se opusieron a las imputaciones, pero sí cuestionaron la prisión preventiva, que fue ratificada.
“El daño al Estado es multimillonario y el impacto sobre la seguridad regional es gravísimo”, aseguró el fiscal Romero.
