La institución que representa a más de 8.000 matriculados se sumó al rechazo al nuevo acuerdo propuesto por el Ejecutivo para extender el mandato del magistrado, que ya cumplió seis años en funciones. Alega una violación directa a la reforma constitucional de 2021 que prohíbe reelecciones.
El procedimiento participativo convocado por el Ministerio de Seguridad y Justicia para evaluar la eventual continuidad de Pablo López Viñals como juez de la Corte de Justicia de Salta sumó una nueva y dura objeción. Esta vez fue el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, de acuerdo a lo publicado por Diario El Tribuno, quien expresó su rechazo institucional a la postulación, argumentando que la renovación del mandato implicaría una violación expresa al artículo 156 de la Constitución reformada en 2021.
En una carta enviada al ministro Gaspar Solá Usandivaras, la entidad presidida por Sergio Daniel Díaz Lenes remarcó que la reforma constitucional de 2021 estableció que los jueces de la Corte deben ejercer por diez años y que ese mandato no puede ser renovado. Según el Colegio, este límite fue pensado para “preservar la independencia judicial, impedir la consolidación de poderes personales y asegurar la alternancia institucional”.
El escrito advirtió que renovar el mandato de López Viñals, quien ya lleva seis años en funciones, “superaría ampliamente el límite temporal” fijado por la norma, generando una incompatibilidad con la voluntad del constituyente.
Sin excepciones ni interpretaciones regresivas
“El respeto a la Constitución debe ser riguroso y uniforme. No caben excepciones ni interpretaciones regresivas. La posibilidad de extender el mandato del juez proyecta una señal equívoca hacia la ciudadanía y debilita la legitimidad institucional”, expresó el Colegio de Abogados, que representa a una matrícula de más de 8.000 profesionales en toda la provincia.
En el mismo sentido, recordaron que la Corte de Justicia dictó en febrero de este año la acordada 14.302, que obliga a los magistrados de primera y segunda instancia a cesar en sus cargos al cumplir los 70 años, con base en la reforma constitucional. “Sería profundamente contradictorio que los mismos jueces que exigieron aplicar de forma inmediata la reforma para otros casos pretendan ahora excepcionarse de sus efectos”, remarcaron.
“Aplicar la ley según quién la invoque, socava la justicia”
En un tramo enfático del rechazo institucional, el Colegio citó al jurista Atilio Aníbal Alterini, al advertir que “aplicar el derecho dependiendo de quién lo invoque socava gravemente la administración de justicia”. Bajo ese argumento, subrayaron que no se trata de una evaluación sobre la persona de López Viñals, sino de la necesidad de preservar “el prestigio institucional de la Corte y la integridad del proceso de selección de sus miembros”.
Además, indicaron que permitir una prórroga en el cargo sería “una regresión institucional difícil de justificar” y que consolidaría una lógica de excepción incompatible con los principios republicanos.
Antecedentes controvertidos
El rechazo del Colegio de Abogados se suma a otras voces que ya se expresaron contra la continuidad de López Viñals, como el juez de Cámara Gonzalo Mariño y el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS).
Ambos remarcaron los antecedentes del magistrado durante su paso como procurador general, entre 2008 y 2019, y apuntaron al manejo del caso por el crimen de las turistas francesas como un episodio paradigmático de irregularidad. El camarista Mariño fue más allá y cuestionó directamente la ética del juez, señalando comportamientos “incompatibles con la buena fe y la honradez intelectual”.
Desde el FOCIS, el abogado Armando Caro Figueroa recordó que la Corte de Salta fue advertida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su inacción ante el caso Santos Clemente Vera, liberado tras años de prisión. Afirmó que extender el mandato del juez sería “honrar un compromiso político, no jurídico”.
Un conflicto que pone a prueba la reforma de 2021
El eje del debate gira en torno a la vigencia de la reforma constitucional que en 2021 puso fin a la posibilidad de reelección en la Corte salteña. Para el Colegio de Abogados, permitir una extensión en el cargo desvirtuaría no solo el texto legal, sino también “la voluntad política y social que impulsó esa transformación”.
“La falta de coherencia compromete la confianza de la ciudadanía”, concluyó la presentación institucional, que ahora se convierte en un fuerte condicionamiento al avance del acuerdo que impulsa el Ejecutivo ante el Senado.
