Califica la medida como una “violación de derechos” y alerta sobre la posibilidad de nuevos conflictos en los territorios “ancestrales”.El presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), Cándido “Hauyra” Condorí, expresó su profunda preocupación por el Decreto de Necesidad y Urgencia 1083/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que derogó la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena. Esta norma, vigente desde 2006, frenaba los desalojos en territorios reclamados como tierras ancestrales por comunidades indígenas. “Esto es un balde de agua fría para nosotros. Es una clara violación de los derechos de los pueblos originarios y un atropello discriminatorio”, declaró Condorí.
El cacique de la comunidad Diaguita Calchaquí El Divisadero recordó que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17, reconoce los derechos indígenas y subrayó que el Estado argentino está históricamente en deuda con estos pueblos.
“Somos parte constitutiva del territorio de la Nación, con generaciones viviendo en las mismas tierras desde hace siglos. Este decreto ignora esa historia y profundiza la discriminación”, afirmó. Condorí también advirtió sobre el impacto de la medida, señalando casos recientes como el desalojo de una familia en San Carlos. “Veremos más desalojos, más llantos y más tristeza entre nuestros hermanos”.
Condorí anticipó que las comunidades buscarán la judicialización del tema para defender sus derechos. “El Estado nos está negando y rechazando. No somos usurpadores; vivimos donde nuestros abuelos y bisabuelos vivieron antes que el propio Estado existiera. Vamos a dar pelea en los tribunales para proteger nuestros territorios”, aseguró, alertando sobre el posible aumento de tensiones en el corto plazo.
