El exdirector de Vialidad Nacional en Salta, Francisco Agolio, criticó con dureza el reciente anuncio del cierre del organismo por parte del vocero presidencial Manuel Adorni. En declaraciones a InformateSalta, Agolio calificó la decisión como “una locura” y advirtió sobre las enormes consecuencias que esta medida podría generar, tanto en términos laborales como en infraestructura.
“La palabra adecuada para calificar esta situación es: una locura” afirmó Agolio. “No es una palabra de uso cotidiano, es la forma en que no gobierna este gobierno… tiene que ver con los modales, con los gestos y hacia dónde apunta. Lo más grave e inmediato es qué va a suceder con la gente que trabaja en la repartición”.
“La palabra adecuada para calificar esta situación es: una locura”
Según Agolio, Vialidad Nacional ocupa tareas de vital importancia en todo el país, desde la señalización hasta el mantenimiento de banquinas y rutas. Con cerca de 5.000 empleados, aclaró que no se trata de un ente sobredimensionado, sino una estructura necesaria para garantizar la seguridad vial y prevenir accidentes. «No es una repartición que tenga un exceso notorio de empleados, pero claramente lo que se busca no es hacerla más eficiente, es destruirla», denunció.
El exfuncionario también destacó que los empleos públicos están estigmatizados, por lo que una parte de la sociedad aplaude la medida, sin comprender su impacto: “Aplauden, sin hacer un ejercicio mental básico y tener un análisis más profundo… dejamos de lado las consecuencias inmediatas, como los empleos, aunque después nadie piensa en la reducción de accidentes”.
De hecho, Agolio subrayó el vínculo entre el estado de las rutas y la seguridad de los usuarios: «Hoy es común ver la cantidad de accidentes, las muertes aumentaron un 20%, de 3.200 a 3.900 muertes por año. Eso tiene una incidencia directa en el estado de la ruta».
«¿Con qué van a llevar la producción a los puertos, a las bocas de comercialización?… Va a ser imposible sin rutas en buen estado”
También cuestionó la desorganización administrativa que conlleva la medida, señalando que hay más de 2.600 contratos de obra pública vigentes que podrían derivar en miles de juicios contra el Estado: “Las empresas que ganaron esas licitaciones adquirieron un derecho… se va a llenar de juicio el Estado, será más caro la solución que lo que querían evitar”.
“El 90% del sistema vial, el que no tiene alternativas, queda en manos del gobierno nacional. Veinte provincias van a quedar a la intemperie, no se va a mantener nada, y la degradación se acelerará enormemente” declaró.
