El caso de explotación sexual de adolescentes en una escuela de barrio Limache generó conmoción y alarma social. Cuatro personas fueron detenidas y un estudiante implicado continúa asistiendo al mismo colegio que las jóvenes afectadas.
El escándalo por una presunta red de trata y explotación sexual de menores en Salta continúa generando indignación, especialmente tras conocerse que uno de los acusados, menor de edad, comparte aulas con las víctimas en la escuela Juan Carlos Saravia, ubicada en barrio Limache.
El caso se inició a partir de la denuncia de una madre que descubrió en el teléfono de su hija transferencias de dinero relacionadas con encuentros privados. Según el testimonio, en esos intercambios también se solicitaba la presencia de su otra hija, de apenas 12 años. Poco después, otra madre sumó su declaración al señalar que un compañero de escuela había intentado captar a sus hijas, de 13 y 16 años, mientras un hombre adulto realizaba gestos obscenos hacia ellas.
Las denuncias derivaron en una investigación a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que concretó cinco allanamientos en distintos puntos de la capital salteña. Durante los operativos se secuestraron computadoras, teléfonos celulares, discos externos, prendas de lencería, marihuana, un vehículo y otros elementos de interés para la causa. Cuatro personas resultaron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia Federal.
Una de las víctimas declaró en Cámara Gesell y brindó un relato estremecedor: contó que era trasladada junto a otras jóvenes en remises hacia hoteles del centro de la ciudad, donde mantenían encuentros con hombres adultos a cambio de dinero. También afirmó que eran obligadas a consumir alcohol y drogas antes de esos encuentros.
La situación dentro del colegio generó enorme preocupación entre las familias y docentes, ya que el menor sindicado como captador continúa cursando en la misma institución. Para resguardar a las jóvenes, las autoridades escolares alternaron entre clases presenciales y virtuales, aunque en los últimos días se supo que algunas de las víctimas volvieron a coincidir con el acusado, lo que provocó angustia y temor en la comunidad educativa.
Organismos judiciales y de derechos humanos reclamaron protocolos de actuación más claros y efectivos para proteger a las víctimas y garantizar acompañamiento psicológico, tanto para las alumnas afectadas como para sus familias.
Según fuentes de la investigación, más de 20 adolescentes podrían estar implicadas como víctimas dentro de la red, y las diligencias judiciales continúan para determinar la responsabilidad de cada uno de los sospechosos.
El caso impactó fuertemente en toda la provincia y volvió a poner en debate la falta de prevención y contención institucional frente a los casos de abuso, captación y explotación que afectan a niñas y adolescentes, especialmente en contextos de vulnerabilidad social.
Fuente: El Tribuno
