El Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de la ex funcionaria municipal y de otros tres imputados por presunta defraudación contra la administración pública La justicia federal solicitó cuatro años de prisión efectiva para Carla Cordero, quien se desempeñó como directora de la Diversidad durante la gestión de Mario Mimessi en la intendencia de Tartagal. La medida incluye a otros tres imputados, todos ellos vinculados a la misma área, en el marco de una causa por presunta defraudación contra la administración pública relacionada con el manejo del programa nacional Acompañar.
Según la investigación, Carla Cordero y su equipo habrían persuadido a mujeres para que presentaran denuncias falsas de violencia de género, con el fin de ser incluidas en el programa y luego exigirles una parte del beneficio económico. Las denuncias anónimas y los testimonios públicos derivaron en una presentación formal ante Gendarmería Nacional y posteriormente en una causa judicial que ahora avanza hacia el debate oral.El fiscal federal Marcos Romero formalizó el pedido de elevación a juicio el pasado 30 de junio, sumando también la solicitud de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el pago de una multa proporcional al perjuicio causado. La causa incluye la participación de varios querellantes, entre ellos autoridades nacionales, lo que refleja el alcance y la gravedad de los hechos investigados.El fiscal federal Marcos Romero formalizó el pedido de elevación a juicio el pasado 30 de junio, sumando también la solicitud de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el pago de una multa proporcional al perjuicio causado. La causa incluye la participación de varios querellantes, entre ellos autoridades nacionales, lo que refleja el alcance y la gravedad de los hechos investigados.La figura de Carla Cordero también ha sido vinculada públicamente a otros referentes políticos de la provincia, lo que generó un impacto en el ámbito institucional. Se trata del segundo caso de presunta corrupción en la gestión de Mimessi que llega a la instancia judicial, luego de un antecedente relacionado con la venta irregular de ayuda social destinada a comunidades vulnerables.La resolución final quedará en manos del Tribunal que reciba la causa, mientras las organizaciones sociales y autoridades nacionales mantienen la expectativa por una sentencia ejemplificadora. Desde distintos sectores se enfatiza en la necesidad de preservar la integridad de los programas de asistencia y de garantizar que los recursos lleguen de forma directa y segura a quienes realmente los necesitan.
