Diputados aprobó una declaración que solicita el normal funcionamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. “Cuando el Estado se retira, los sectores más vulnerables pagan la factura”, señalaron.La Cámara de Diputados aprobó un Proyecto de Declaración en el que solicitan a legisladores nacionales por Salta, realizar gestiones ante la Secretaría de Salud de la Nación para garantizar el normal funcionamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (Ley Nacional 25.673 sobre la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual y de VIH).
“Nadie puede dudar que la salud pública en la Argentina está pasando por una verdadera crisis”, señaló la Diputada Gladys Paredes.En esa línea mencionó los recortes en hospitales nacionales, instituciones como ANMAT, la Agencia Nacional de Discapacidad, y en el presupuesto del Programa Nacional de Cáncer que -según detalló- “se redujo un 61% respecto al año 2023”.
“En el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el 31 de enero se despidieron 361 personas, ya es un recorte, en el 2025 no hubo presupuesto a nivel nacional, pero sí hubo recortes a la salud y en esos recortes qué se prevé, que no iba a haber insumos, que no iba a haber tratamiento, que no iba a haber serología”, aseveró.Por su parte, el diputado Juan José Esteban señaló que “la salud sexual no es un lujo ni una opción, es un derecho humano básico, una política sanitaria estratégica y por sobre todo una obligación legal que tiene el Estado”.
Detalló que en Salta, durante el primer bimestre de 2025, se registraron 214 casos de enfermedades de infección de transmisión sexual, 34 de VIH, 180 de sífilis, lo que representa –a su entender- “sistema de salud fracturados por la falta de insumos y de personal en salud”.
“No es sólo una cuestión estadística, cuando el Estado se retira, los sectores más vulnerables y los distintos retratos sociales pagan esta factura”, insistió.
