La acusada deberá cumplir 5 años y 6 meses de prisión efectiva. El otro acusado fue absuelto.
Este viernes se condenó a Daniela Alejandra Espinoza Paredes a 5 años y 6 meses de prisión efectiva, por ser autora de 14 hechos de falsificación de instrumento público y 14 hechos de estafa. Además, se asbolvió a Sebastián Cruz por el beneficio de la duda.
En su alegato, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, había solicitado que Espinosa Paredes fuera condenada a siete años de prisión; y Cruz, a tres años y medio por ser partícipe necesario de los delitos.
Espinosa Paredes y Cruz fueron denunciados por distintas personas, luego de que se hicieran pasar por funcionarios públicos o asegurar tener contactos en el IPV para gestionar adjudicaciones de viviendas en el barrio Pereyra Rozas. Las víctimas aseguraron que les entregaron documentación con sellos y firmas falsas a las víctimas como constancia de pago.
Informes de la Unidad de Investigación de UDEC confirmaron la existencia del fraude y establecieron que el número de celular atribuido al supuesto funcionario del IPV, en realidad, era utilizado por Espinosa Paredes.
Según las denuncias, Cruz se presentaba como intermediario de un supuesto empleado del IPV, quien facilitaría la entrega de las viviendas. A las víctimas se les exigía el pago de una suma de dinero, con la promesa de que la adjudicación estaba asegurada y se concretaría en el corto plazo.
Para generar confianza, los acusados brindaban detalles sobre el avance de las obras y, además, ofrecían la inclusión en el Plan Conectar para la obtención de calefones y cocinas, lo que implicaba un pago adicional.
Como parte de la maniobra, los acusados proporcionaban un número de teléfono que atribuían al supuesto empleado del IPV. En todos los casos investigados, el dinero era entregado a un cadete, quien presuntamente lo remitía al organismo, y luego las víctimas recibían carpetas con documentación de adjudicación de vivienda.
El esquema se completaba cuando, tras recibir el dinero, los acusados entregaban a las víctimas una carpeta con documentos firmados y sellados que aparentaban ser oficiales, reforzando la credibilidad de la maniobra.
Ministerio Público Fiscal
