Se trata de las tierras del ex lote fiscal 4, perteneciente a 19 comunidades originarias, una superficie de 12000 hectáreas, en las que el empresario y productor agropecuario Daniel Sanz desmonto y sembró sin ninguna autorización o arriendo con las comunidades propietaria de las tierras.-
El empresario incluso involucró al fiscal penal Armando Cazón, manifestando que el mismo le habría exigido 50 millones de pesos a cambio de permitirle levantar una cosecha en los terrenos de los originarios e incluso haber entregado una primera cuota de 10 millones en la sede de la fiscalía. Esta manifestación del empresario fue refutada por el fiscal, quien sostiene que esa versión es falsa, asegura que fue el propio empresario quien firmó un acta compromiso con las comunidades originarias por un monto de 50 millones y así poder levantar la cosecha,.
La grave acusación al fiscal por parte del empresario intenta desacreditar el trabajo y dilatar las resoluciones de la justicia. “No hay extorsión, hay justicia en marcha», dijo Cazón.- Además, advirtió que el trasfondo del conflicto es mucho más grave: en solo siete meses, se habría extraído una producción agropecuaria por 1.800 millones de pesos de tierras que no fueron autorizadas para desmonte y posterior producción dejando a las comunidades con apenas una cuota simbólica de 10 millones e incumpliendo el compromiso firmado oportunamente.-
Ante esta situación las comunidades tomaron posesión de sus tierras, alrededor de 400 personas, entre las que hay mujeres y niños, quienes inclusive sembraron varias hectáreas y cuando las plantas están creciendo y se proyectaba una buena cosecha, fueron fumigadas con herbicidas por una avioneta fumigadora, tirando veneno inclusive sobre la humanidad de varios originarios entre ellos dos caciques que debieron ser hospitalizados por intoxicación, sospechando que fue enviado por el empresario Sanz.-
En Llamas, la realidad candente viajo a Tartagal y desde allí al lote fiscal 4. Juan Chávez recorrió en tres horas la ruta 86,y luego por un camino vecinal hasta llegar al ex lote 4,camino que nada tiene que envidiar al circuito del Rally Dakar, arenales, pozos, selva , hasta llegar y encontrar en el portón de acceso a un patrullero perteneciente a la comisaria de Aguaray, personal nos manifestó que están por orden judicial, pero no impidieron el acceso al lugar, recorriendo algunos kms mas, hasta encontrar a los originarios acampando en improvisados carpas de plásticos y lonas.
Marcela Calemo, referente de la comunidad La Mora, manifestó a En Llamas, aquí la gente está tan preocupada, queremos que el empresario respete nuestro territorio, en la cual él ya venía sembrando más de 10 años, entonces lo que pedíamos que respete y se pueda llegar a un acuerdo, somos 19 comunidades varias etnias y varias comunidades wichís chorote y guaraní.
Nos prohibieron salir o entrar de nuestro territorio, nos impedían traer agua y mercadería, por orden del fiscal Cabot, de turno. Nos amenazaron de muerte y tenemos miedo.
Por otra parte el cacique Marcelo López, tesorero del consorcio manifestó que el empresario Sanz Daniel tenía desmontado más de 400 hectáreas y usurpo la tierra de las comunidades y la justicia no está de nuestra parte.-
