En el marco de la investigación penal que se lleva adelante en la Unidad Fiscal Salta en torno al diputado nacional, Emiliano Estrada, por el presunto delito de peculado de servicio, hoy a la mañana, el fiscal general, Carlos Martín Amad solicitó con éxito sumar a los dos asesores que trabajaban para el legislador en las actuaciones preliminares que lleva adelante.
En su defecto, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, ordenó que se requiera al juzgado de Garantías 7 de la provincia, a cargo del juez Pablo Zerdán, los antecedentes de Florencia Bustamante y Alonso Javier Allemand, identificados como asesores del diputado nacional, al momento de los hechos investigados.
La medida se adoptó en el marco de una audiencia de excepción celebrada hoy a primera hora. En la misma, el fiscal general realizó primero un pormenorizado detalle de cómo se gestó el caso en la justicia provincial, originado el 13 de noviembre del año pasado como “noticia criminis”, siendo remitida a la Fiscalía de Ciberdelincuencia, a cargo de la fiscal Sofía Cornejo.
Explicó luego las distintas diligencias realizadas, las que desembocaron en una audiencia de imputación, tanto en contra de ambos asesores, un tercer acusado y el propio diputado nacional por el presunto delito de intimidación pública, ya que se habría descubierto un despliegue previo para vincular a instituciones del gobierno provincial con actividades del narcotráfico, a través de la red social Tick Tock.
De la investigación preliminar surgieron evidencias que relacionaban a los dos asesores con las cuentas utilizadas para la difusión de videos editados con ese fin ilícito, como así también que esta actividad fue solventada con fondos que provinieron de la Cámara de Diputados de la Nación, correspondiente al pago dispuesto por Estrada a los dos asesores implicados.
En vista de esta situación podría desembocar un presunto hecho de peculado de servicio y que sería de orden nacional, la fiscal provincial Cornejó se declaró incompetente, postura que fue compartida por el juez Zerdán, quien resolvió la incompetencia de la justicia ordinaria el 6 de febrero pasado.
A los días, el 10 de febrero y a partir de la resolución de dicho juez, se llevó a cabo una audiencia de excepción, a cargo del fiscal general, Eduardo Villalba, en calidad de subrogante de Amad. En dicha ocasión, se analizó la derivación del caso y, tanto el fiscal, como la defensa, coincidieron en que la competencia federal era la adecuada para tratar el caso, siendo el fundamento principal el presunto uso de fondos de la administración pública nacional en la comisión del delito instado, sin que fuera tema de análisis la supuesta intimidación pública.
“Escándalo jurídico”
Descripto el derrotero de las actuaciones, el fiscal general planteó ante la jueza que también se decline la competencia de la justicia provincia respecto a los dos asesores y que los antecedentes de ambos sean sumados al caso ya radicado en la justicia federal.
“La declaración de incompetencia se quedó a mitad de camino, pues está demostrado que Bustamante y Allemand eran asesores de Estrada, por lo que consecuentemente dependían del Congreso de la Nación”, sostuvo el fiscal en su argumentación.
“No es el diputado nacional quien paga, sino los ciudadanos”, remarcó y explicó que a los asesores “se les atribuye la creación de los videos por la relación laborar con Estrada”. Afirmó que “no puede haber un juzgamiento, por un lado, para Estrada y por otro, para sus asesores”.
Resaltó la necesidad de que existe una unidad de acción a fin de evitar luego el “escándalo jurídico” que podría devenir con la emisión de pronunciamientos contradictorios de los estrados judiciales intervinientes, o bien, que haya un “doble juzgamiento”.
Posteriormente, reforzó los fundamentos en cuanto a la acumulación del caso y la conexidad entre el diputado, sus asesores y el presunto peculado. “Se vinculan entre sí. Umbilicalmente, se persigue a los mismos sujetos, tenemos idénticos imputados y hechos, pero distintos tribunales”, dijo al insistir en que debe existir una misma “unidad jurisdiccional” que permitan, a priori, una misma sentencia.
Incluso señaló que su petición va de la mano con el derecho de defensa en juicio, pues protege las garantías del imputado. “Esta separación arbitraria a mitad de camino, perjudica a la defensa material de los imputados”, agregó.
Entre otros argumentos, destacó aspectos como la economía procesal y el hecho de que, ante un juzgamiento simultáneo, la prioridad siempre recae en la justicia federal. “La gente habla de que no hay seguridad jurídica, estoy pidiendo esto para garantizar casualmente la seguridad jurídica, pues los hechos contra Bustamante y Allemand, según surge de lo remitido desde la justicia provincia, pudieron haber ocurrido dentro de un mismo accionar delictivo”, mencionó.
Al respecto, resaltó que las actuaciones completas del caso recién llegaron a sus manos el28 de febrero pasado, por lo que el caso se encuentra aún en una etapa inicial, por lo que tampoco podemos determinar el otro presunto delito que la fiscal provincial ya imputó, o sea, el de intimidación pública, instancia en la que hizo una sutil apreciación, al sostener que, a la funcionaria judicial, probablemente, le falto leer a Orson Wells.
Ante el planteo de la fiscalía, la defensa del legislador nacional se opuso y, entre otros argumentos, sostuvo que no habían surgidos nuevos elementos que hagan variar la postura ya adoptada en la primera audiencia de excepción, en la cual se aceptó la declinación de competencia respecto a Estrada, posición que fue compartida por los defensores de Bustamante y Allemand.
Planteadas las posturas, la jueza resolvió a favor del pedido del fiscal general, a quien reconoció como titular de la acción pública y, por lo tanto, es quien tiene la responsabilidad de estudiar los hechos y determinar la disposición de la acción penal.
En ese marco -destacó- debe muñirse de todos los elementos del caso, los que recién llegaron a su órbita el 28 de febrero, ósea mucho tiempo después de la primera audiencia realizada para tratar la competencia, la cual estuvo ceñida a lo resuelto por el juez Zerdán y que se limitó al hecho de peculado.
Coincidió en que parte de un mismo hecho factico, en el que intervinieron el diputado nacional y sus dos asesores. “No se puedes desconocer que estaban implicados”, dijo respecto a Bustamante y Allemand, tras lo cual resolvió la remisión de los antecedentes de ambos asesores a fin de ser agregados al caso.
En desacuerdo con esta decisión, la defensa del legislador nacional impugnó el fallo, el cual ahora será tratado en Revisión por la Cámara Federal de Apelaciones.
