El Senado también restaura los límites a la venta de tierras a extranjeros que el presidente había derogado por decreto
Con apoyo de casi todo el arco político, incluida la ultraderecha, el Congreso argentino convirtió en ley dos iniciativas que ponen un freno a los objetivos del Gobierno de Javier Milei. En una larga sesión que concluyó en la madrugada de este viernes, el Senado aprobó por unanimidad una ley que restablece el financiamiento para el sistema de atención a personas con discapacidades, uno de los sectores hasta ahora más afectados por la motosierra del presidente. Y también aprobó, con voto dividido, mantener los límites a la extranjerización de las tierras rurales, una restricción que el mandatario había derogado por decreto.
La ley de fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad fue aprobada este jueves, en el primer tramo de la extensa sesión de la Cámara de Senadores. Quizá haya sido, por el momento, el efecto más concreto que dejó la reciente visita al país del papa León XIV, quien hizo especial énfasis en la necesidad de atender a las personas con discapacidades. En pocas semanas, el Gobierno de Milei pasó de recortar las prestaciones del área a apoyar la ley que garantiza sus recursos.
No estamos votando solamente una ley, estamos votando un acuerdo social y un acuerdo político”, dijo la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, el partido de Milei. La norma se aprobó con el voto a favor de los 71 legisladores presentes (solo faltó uno), una amplia mayoría que consumó el giro abrupto de la ultraderecha y sus aliados. Hasta ahora, el Gobierno de Milei no solo había quitado recursos al sistema de atención a personas con discapacidades, también había desacreditado las numerosas protestas de familias y pacientes. Cuando el Congreso había logrado torcer la voluntad del Ejecutivo y había aprobado una ley de emergencia para asignar más fondos, Milei la había vetado. Las dos cámaras legislativas habían rechazado el veto y, aún así, el presidente había retaceado el financiamiento.
“Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle”, dijo este jueves, durante la sesión, la senadora peronista Lucía Corpacci. Muchos legisladores de la oposición advirtieron que la norma aprobada es solo “un punto de partida” y que será necesario controlar su aplicación. El primer paso, remarcaron, será exigir que los fondos requeridos sean incluidos en el próximo presupuesto.
El camino a desandar será arduo. Según diversas estimaciones, entre 2023 y el tercer trimestre de este año, la cantidad de pensiones por invalidez cayó un 6% y su poder real de compra descendió un 14%, mientras hay más de 200.000 solicitudes de pensión sin respuesta del Estado. Entre otras cosas, la ley aprobada indica que las pensiones deben ser equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, permite a los pensionados el cobro de otras asignaciones sociales y de salarios laborales (por un valor de hasta dos sueldos mínimos), prevé la actualización periódica de los aranceles que cobran los prestadores de servicios y establece un mecanismo para regularizar las deudas del Estado con instituciones y profesionales.
Las tierras y las patentes
El Senado también aprobó la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. La norma, que fue impulsada por el Gobierno, endurece los requisitos para que el Estado pueda realizar expropiaciones y agiliza los procesos de desalojo. Pero supone también el fracaso de otra aspiración de Milei, la de eliminar cualquier límite a la venta de tierras argentinas a personas o empresas extranjeras.
A pocos días de asumir en 2023, el presidente había derogado por decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/23) la ley de tierras rurales vigente desde 2011, cuyo articulado limita al 15% la posesión de tierras argentinas por parte de extranjeros. Sin embargo, esa derogación, incluida en un megadecreto que abarca cientos de reformas clave para el programa económico de Milei, había permanecido frenada por la justicia hasta hace dos meses. La Corte Suprema primero admitió la derogación en septiembre y luego, el mes pasado, ante el creciente rechazo social, la suspendió.
El repentino fervor nacionalista alimentado por el último Mundial de Fútbol, sobre el que se montó el Gobierno con anuncios y discursos relacionados con el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas, puso bajo amenaza de anulación parlamentaria todo el DNU 70/23. Para evitarlo, la ultraderecha aceptó retirar la derogación de los límites a las extranjerización de la tierra y lo incluyó en su proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La Cámara de Diputados ya la había aprobado y el Senado la convirtió en ley con 42 votos a favor y 26 en contra.
La aprobación del Senado que sí implica un logro para el Gobierno ultra fue la de la adhesión de Argentina al Tratado de cooperación en materia de patentes (PTC, por su sigla en inglés), un acuerdo internacional firmado en 1970 y resistido por los laboratorios farmacéuticos nacionales. El Ejecutivo impulsó su ratificación parlamentaria con el argumento de que permitirá adecuar las reglas de propiedad intelectual del país a los estándares exigidos por sus socios comerciales y facilitará su integración al comercio internacional. La adhesión era parte, además, de los compromisos asumidos por Milei con el presidente de EE UU, Donald Trump.
El peronismo se opuso a la aprobación y sostuvo que el PTC “va en contra de la industria argentina en materia de [medicamentos] genéricos”, según dijo en la sesión del Senado el jefe del bloque, José Mayans. “Todos los expertos dijeron que este tratado va a llevar a aumentos de entre el 30 y el 40% del precio de los medicamentos”, agregó y advirtió que, además, el acuerdo favorecerá a los laboratorios norteamericanos y las grandes multinacionales. La votación se resolvió con 47 senadores a favor y 22 en contra.





