Renunció Alejandro Williams Becker, secretario de Gestión Educativa de Salta. Su salida se conoció en medio de la controversia por la Unidad Educativa 7160, la denominada “escuela fantasma”. Los motivos difundidos hablan de cuestiones personales y del desgaste por la exposición pública. Pero una renuncia no explica cómo se administraron los cargos ni cómo se utilizó el dinero de los salteños.
Becker deja su puesto. Las preguntas quedan.
La primera precisión es necesaria: la unidad educativa tuvo existencia legal. Hay documentación oficial de 2004 que registra su funcionamiento en la Comisaría del Menor de Castañares. Pero ese antecedente no responde lo que hoy se cuestiona: qué ocurrió con su estructura, quiénes quedaron registrados allí y bajo qué condiciones cobraron sus haberes.
La denuncia señala presuntas irregularidades en más de 300 designaciones. Fiore rechaza esa caracterización, habla de entre 200 y 230 personas y asegura que prestan servicios en otras dependencias. La investigación debe esclarecer estas diferencias y verificar los procedimientos utilizados. Hasta entonces, corresponde hablar de denuncias, no de culpabilidades demostradas.
Ahora bien: esa prudencia no puede convertirse en una excusa para evitar las responsabilidades políticas.
La ministra Cristina Fiore debe explicar con documentos dónde trabaja cada persona, quién certifica sus tareas, cómo fue designada y qué remuneración le corresponde. Porque trabajar efectivamente y haber accedido legalmente a un cargo son dos cuestiones que deben comprobarse.
Si todo está en regla, la documentación permitirá demostrarlo. Si hubo desorden, corresponde corregirlo y determinar quién lo permitió. Y si hubo pagos indebidos o designaciones irregulares, habrá que establecer responsabilidades y el eventual perjuicio económico.
Fiore sostuvo que en mayo inició un expediente para disolver la unidad y transferir los cargos a sus destinos efectivos. Esa afirmación abre una pregunta inevitable: ¿qué se hizo desde entonces y qué falta resolver? La sociedad necesita conocer el expediente, sus avances y sus resultados.
Esto tiene una dimensión que supera los papeles de una oficina.
Cada peso del presupuesto educativo exige una justificación. Cada designación debe poder explicarse frente al docente que espera una oportunidad laboral y frente a las familias que confían en la escuela pública. La sospecha de privilegios daña esa confianza. Una administración transparente tiene la obligación de despejarla.
Y aquí aparece el gobernador Gustavo Sáenz.
La conducción del Gobierno también se evalúa por la forma en que responde cuando una de sus áreas queda cuestionada. Sáenz debe exigir una revisión independiente, garantizar la entrega de documentación a la Justicia y comunicar sus conclusiones. Si pretende dar por cerrado el asunto con la salida de Becker, dejará intacto el problema de fondo.
¿Debe renunciar Cristina Fiore?
Nuestra posición es clara: una denuncia, por sí sola, no demuestra culpabilidad. Pero una ministra tampoco puede sostenerse únicamente con su palabra. Su continuidad necesita el respaldo de documentos y controles verificables.
Si se comprueba que conocía irregularidades y permitió que continuaran, debe dejar el cargo. Si autorizó beneficios indebidos, debe responder por ello. Si sus explicaciones resultan falsas, el gobernador tendrá que actuar. La responsabilidad política no exige esperar una condena para evaluar la capacidad y la conducta de quien conduce un ministerio.
Y si la documentación demuestra que las acusaciones eran infundadas, también deberá decirse con la misma claridad.
Lo que Salta necesita ahora es conocer la verdad: cuántos cargos existen, cuántas personas cobran, dónde trabajan, quién las designó y quién controló esos pagos.
Becker se fue. Fiore sigue al frente del Ministerio. Sáenz tiene que decidir cómo garantiza las respuestas.
La educación pública merece una explicación completa. Y los salteños tienen derecho a saber qué se hizo con su dinero.
