Evo Morales se enfrenta a una nueva crisis judicial tras ser acusado de violación de una menor y trata de personas. Las denuncias involucran a una joven de 15 años.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se enfrenta a una nueva crisis judicial tras ser acusado de violación de una menor y trata de personas.
Las denuncias, que involucran a Morales con una joven de 15 años, fueron reveladas recientemente por el gobierno de su exministro y actual presidente, Luis Arce, lo que ha tensado aún más la relación entre ambos líderes del Movimiento al Socialismo (MAS).
En medio de esta tormenta judicial, la fiscal Sandra Gutiérrez, del departamento de Tarija, fue destituida tras ordenar la detención del exmandatario. Gutiérrez había iniciado la investigación basada en un informe policial de inteligencia, pero su decisión fue anulada cuando una jueza revocó la orden de captura. “Yo no renuncié, pero me llegó el memorándum de agradecimiento firmado por el señor Lanchipa”, denunció Gutiérrez.
Por su parte, el fiscal general Juan Lanchipa negó haber detenido el proceso y afirmó que la destitución se debió a “conducta negligente” de la fiscal. No obstante, aseguró que la investigación contra Morales sigue su curso. Morales, por su parte, acusó al gobierno de “persecución judicial” y afirmó que “el abuso judicial es la única herramienta de un gobierno sin legitimidad”.
El respaldo a Evo en el Chapare
Mientras tanto, los seguidores de Morales afirman que el exmandatario se encuentra bajo resguardo en el Chapare, su bastión político. “Hermanos y hermanas del Trópico se han movilizado como protectores de Evo Morales”, declaró Carlos Romero, su abogado y exministro.
La tensión política y judicial entre Morales y el gobierno de Arce crece, especialmente en un momento clave para Bolivia, que se prepara para elegir a su nuevo fiscal general y jueces a través del voto popular en diciembre. La senadora opositora Andrea Barrientos calificó el proceso como un “circo” y expresó dudas sobre si Morales enfrentará alguna consecuencia real.
Este escándalo reaviva los debates sobre la justicia en Bolivia y marca un nuevo capítulo en la lucha por el poder en el MAS, mientras el país se encamina hacia las elecciones presidenciales de 2025.
