La Justicia de Salta ordenó la prohibicióninnovar sobre un predio ubicado en Cafayate que este año fue escenario de dos incendios de gran magnitud, en una decisión que busca impedir cualquier intento de loteo, urbanización o cambio de uso del suelo mientras avanza la investigación penal.
La medida fue solicitada por la fiscal penal Sandra Rojas y aceptada por el Juzgado de GarantÃas de Cafayate, que dispuso la inmovilización jurÃdica del inmueble identificado con la MatrÃcula Catastral N.º 6524, perteneciente a Finca El Monte S.A.
La resolución prohÃbe expresamente realizar subdivisiones, fraccionamientos, loteos, urbanizaciones, parcelamientos, cambios de destino del suelo, transferencias con esos fines o cualquier otra modificación material o jurÃdica del predio, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial.
Una investigación con un imputado
La causa investiga dos incendios presuntamente intencionales ocurridos los dÃas 13 de mayo y 7 de junio de 2026, en un sector de bosque nativo y pastizales ubicado en inmediaciones del Aeródromo Gilberto Lavaque.
A partir de testimonios, denuncias, registros audiovisuales, informes policiales, análisis de telefonÃa celular y georreferenciación de dispositivos móviles, la FiscalÃa imputó a un hombre de 32 años como presunto autor de dos hechos de incendio doloso en concurso real.
El enorme trabajo de los bomberos
Detrás de la investigación existe también un importante operativo de emergencia. Durante ambos incendios trabajaron durante varias horas Bomberos Voluntarios de Cafayate, Brigadistas Forestales, efectivos de la PolicÃa de Salta y vecinos de la zona para evitar que el fuego alcanzara viviendas, instalaciones rurales y otras áreas de vegetación.
Los bomberos combatieron el fuego en condiciones de altas temperaturas, fuerte viento y terrenos de difÃcil acceso, utilizando autobombas, equipos de ataque forestal, mochilas de agua, herramientas manuales y vehÃculos de apoyo, en jornadas que demandaron un importante desgaste humano y operativo.
Un costo económico y ambiental muy elevado
Aunque hasta el momento no fue difundido oficialmente el costo del operativo, este tipo de intervenciones implica un importante gasto para el Estado y para las instituciones de bomberos voluntarios, incluyendo combustible, mantenimiento de autobombas y camionetas, reposición de equipos de protección personal, herramientas forestales, alimentación del personal y horas de trabajo de brigadistas y fuerzas de seguridad.
A ello se suma un impacto ambiental difÃcil de cuantificar: la pérdida de bosque nativo, la destrucción de pastizales, la afectación de la fauna silvestre, la degradación del suelo y el riesgo de erosión y desertificación, además de la liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera.
Evitar que el delito genere beneficios
La decisión judicial representa un fuerte precedente en materia ambiental. Si la hipótesis de la FiscalÃa llegara a confirmarse, la prohibición de innovar impide que un incendio provocado pueda transformarse en una oportunidad para desarrollar emprendimientos inmobiliarios o modificar el destino del terreno.
Con esta resolución, la Justicia busca garantizar que el ambiente sea preservado y que ninguna persona obtenga un beneficio económico de un hecho que actualmente se investiga como un presunto delito contra la seguridad pública y el patrimonio ambiental.
