Los efectivos fueron encontrados responsables del delito de exacciones ilegales en perjuicio de la Administración Pública
La Justicia condenó a tres efectivos policiales por exigir dinero a conductores durante un control vehicular que no estaba autorizado sobre la ruta provincial 5, en jurisdicción de Las Lajitas. Los acusados reconocieron su responsabilidad y fueron considerados coautores del delito de exacciones ilegales en perjuicio de la Administración Pública.
Los condenados son Emiliano Alberto Cabrera, Doris Cristina del Milagro Lucena y María Fernanda Sosa Navarro. El juez Sebastián Guzmán homologó el acuerdo alcanzado durante un juicio abreviado y les impuso un año de prisión de ejecución condicional y un año de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Además, deberán cumplir reglas de conducta, entre ellas no cometer nuevos delitos, mantenerse alejados de testigos e informantes y abstenerse de ejercer actos de violencia contra ellos.
El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el 19 de agosto en el kilómetro 60 de la ruta provincial 5, en inmediaciones del acceso al Parque Nacional El Rey. Conductores alertaron a la Policía sobre la presencia de tres personas uniformadas que habían instalado un supuesto operativo de control vehicular en ese sector.
Según las denuncias que impulsaron la causa, los efectivos exigían dinero a cambio de no controlar o secuestrar la mercadería que transportaban los conductores. Tras recibir los avisos, otros agentes llegaron hasta el lugar y constataron que quienes realizaban el procedimiento eran policías en funciones, aunque el operativo que llevaban adelante no contaba con autorización.
Durante las actuaciones posteriores, los investigadores realizaron un rastrillaje y encontraron una bolsa con dinero escondida dentro de un neumático en desuso. También hallaron otras sumas dentro del móvil policial y entre las pertenencias de los acusados. En total, el monto secuestrado superó el millón de pesos. Además, fueron incautados tres teléfonos celulares, armas reglamentarias, chalecos tácticos, credenciales policiales y conos de señalización.
La causa fue impulsada por el fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, a través de la delegación Las Lajitas. Con el reconocimiento de responsabilidad de los tres acusados y la homologación del juicio abreviado, el proceso concluyó con la condena por el cobro irregular de dinero durante el procedimiento no autorizado y con la inhabilitación de los tres efectivos para ejercer cargos públicos durante un año.
