Tras el anuncio de las prestatarias de los corredores de reducir los servicios desde este martes, el Gobierno provincial rechazó el planteo y aseguró que las empresas no tienen facultades legales para decidir unilateralmente una medida que afecte a los usuarios.
La amenaza de una reducción de frecuencias del transporte público en Salta volvió a tensar la relación entre los empresarios prestatarios de SAETA y el Gobierno provincial. Las empresas de los corredores 1 al 8 habían anunciado que desde este martes 3 de noviembre disminuirían los servicios por supuestas dificultades económicas para afrontar la compra de combustible. Sin embargo, la respuesta oficial llegó rápidamente y frenó la medida.
A pocas horas del comunicado, que se envió a modo de “operativo de prensa” el Gobierno los frenó con firmeza y en las próximas horas se tomaría una medida drástica que podría incluir el quite de concesiones a las empresas que incumplan sus obligaciones.
Remarcaron que las compañías no tienen facultades legales para reducir unilateralmente las frecuencias establecidas.
El conflicto se originó luego de que las prestatarias difundieran un comunicado en el que aseguraron que ya no cuentan con recursos económicos ni capacidad financiera para mantener las unidades en circulación. Según argumentaron, la situación responde a demoras e incumplimientos de SAETA S.A. en la acreditación y el pago de las partidas correspondientes a septiembre y octubre.
Las empresas sostuvieron que el supuesto atraso provocó un deterioro financiero que ya no pueden absorber. En ese sentido, advirtieron que «el desfinanciamiento sistemático y la ruptura de la cadena de pagos han agotado la capacidad crediticia de las empresas operadoras para la compra de combustible, insumos básicos y esenciales de funcionamiento».
También justificaron la reducción anunciada como «una medida de resguardo de último recurso para evitar un colapso total y la paralización definitiva del sistema de transporte».
No obstante, la versión oficial contradice el planteo de las prestatarias. Desde el Gobierno aseguran que la deuda denunciada no es tal y señalaron que, además de los pagos realizados, se adelantaron fondos mediante cheques diferidos con vencimiento en noviembre y diciembre para garantizar la provisión de gasoil.
De esta manera, el anuncio de las empresas quedó sin efecto y el Gobierno dejó en claro que no permitirá una modificación unilateral del servicio.
