En Salta no hace falta censurar. No hace falta clausurar radios ni perseguir periodistas con métodos burdos. El control es más sofisticado, más eficaz y, sobre todo, más silencioso. La libertad de prensa no se prohÃbe: se administra.
Bajo el gobierno de Gustavo Sáenz, el esquema no es nuevo, pero sà profundamente aceitado. La pauta oficial se ha consolidado como el principal disciplinador del sistema mediático. En una provincia con escaso desarrollo del mercado publicitario privado, quien maneja la caja del Estado define, en gran medida, qué se dice, cuánto se dice y, sobre todo, qué no se dice.
No se trata de una orden explÃcita. Nadie llama para prohibir una nota. El mecanismo es más efectivo: premios para los obedientes, castigos para los incómodos. Portales que reciben publicidad fluida mientras replican el discurso oficial; radios que bajan el tono crÃtico para no perder ingresos; periodistas que entienden rápidamente dónde están los lÃmites si quieren conservar su trabajo.
El resultado es un ecosistema informativo domesticado.
La concentración mediática en manos de pocos actores locales, muchas veces vinculados directa o indirectamente al poder polÃtico o económico, agrava el problema. En ese cÃrculo cerrado, la crÃtica profunda no circula. Los grandes temas estructurales ,corrupción, pobreza, abandono del norte provincial, aparecen fragmentados, diluidos o directamente invisibilizados.
¿Dónde están las investigaciones sostenidas sobre los pasivos ambientales en zonas como Pichanal? ¿Dónde está el seguimiento sistemático de los conflictos sociales en comunidades originarias? ¿Quién incomoda de verdad al poder en Salta?
Las excepciones existen, pero son eso: excepciones. Y suelen pagar un costo alto.
A este escenario se suma la precarización del trabajo periodÃstico. Sueldos bajos, inestabilidad laboral y dependencia de múltiples empleos convierten al periodismo en una profesión vulnerable. En esas condiciones, la independencia no es una postura ética solamente: es un riesgo personal.
El problema no es solo del gobierno. También hay responsabilidad empresarial y complicidad mediática. Porque aceptar el condicionamiento económico a cambio de silencio no es neutralidad: es alineamiento.
Mientras tanto, la ciudadanÃa recibe una versión recortada de la realidad. Sin información libre y crÃtica, no hay debate público real. Y sin debate público, la democracia se vacÃa.
La Constitución Nacional Argentina garantiza la libertad de prensa. Pero en Salta, como en muchas provincias, esa garantÃa choca contra un sistema donde el poder no necesita censurar: le alcanza con condicionar.. Y ese condicionamiento, sostenido en el tiempo, es una forma más sutil, pero no menos peligrosa de limitar la democracia
